Tengo el convencimiento de que muchas de las situaciones que vivimos sin cuestionar su validez, tienen una intencionalidad. Hay intereses políticos y sociales, quizás incluso económicos que las explican.

Pocos cuestionan el Código Penal y las políticas penitenciarias que siguen justificando el endurecimiento de las normas penales. Quizás detrás de ello, -lo que no analizamos- está el clima creciente de "alarma social" generado con una intencionalidad política. ¿A quiénes les interesa que haya centros penitenciarios?

Las mismas palabras (centro penitenciario) indican un lugar donde penar, donde pagar... Creemos encerrar el mal cuando encerramos a quien lo cometió, y lo que conseguimos es solo su represión y una mayor destrucción de la persona.

Javier Pikaza habla en "Dios preso" del origen de las instituciones penitenciarias que venía a evitar la barbarie originaria, donde se mataba impunemente, donde las torturas eran formas habituales (vergonzosamente la Iglesia se convirtió en experta en este tema a manos de la Inquisición).

Con la Revolución Francesa y el Humanismo se estableció otra forma de razonamiento, superando posturas contrarias al derecho humano, se codificaron leyes para la defensa de la persona.

Sin embargo, el resultado ha sido, es, un refinamiento institucionalizado de la venganza, una reclusión del sospechoso, una forma legal, conforme a un código, de castigo lento y largo, no la rehabilitación social del penado.

De los linchamientos sociales hemos dado paso a crear en la mente del colectivo social la necesidad de centros penitenciarios que nos protejan de malhechores. A quien hace el mal, es un deber social castigarles. No se habla de sanción, sino de castigo y este ha de ser cuanto más largo, mejor.

Le llamamos protección social y escarmiento para el culpable. No hablamos de restaurar o rehabilitar sino de castigar, de pagar, en el fondo, de venganza social institucionalizada.

"La finalidad de la política penitenciaria es la rehabilitación social del penado, no su incapacitación perpetua mediante juicios mediáticos. Impartir justicia no consiste en convertir a las víctimas del mal en verdugos. El estatus de víctima tiene un límite: el que establece el Estado de derecho dictando justicia, no venganza." (Ramón J. Moles)

No es normal que desde el año 2000, el número de reclusos en España haya aumentado un 65%, de los cuales el 22% están en prisión preventiva, es decir, sin que se haya demostrado por un juicio su culpabilidad.

Estamos en la tasa europea más alta de presos y la más baja de criminalidad.

Tenemos conocimiento de que un recluso cuesta al Estado 54,79€ al día, mientras que un tratamiento preventivo o educativo costaría 3€ al día (según datos de R.J. Moles, director de Centre de Recerca en Gorvernança de Risc de la UAB).

¿Qué explica entonces que las cárceles españolas estén saturadas, que los presos tengan que estar alejados de sus familiares, condenados también en ello?

¡Qué difícil salirnos de las nomas políticas y sociales que han establecido la brutalidad como respuesta ante el mal! Cuando hablamos de estos temas casi es unánime el desacuerdo y la aberración es pensar de otra manera.

El delito que se ha cometido en un momento de la vida, borra todo el pasado y se lleva también por delante todo el futuro, absolutizamos un hecho en esa historia. Y eso nos parece normal y justo. Excluimos la posibilidad de dar otra oportunidad.

Me sorprende que no caigamos en la cuenta de que frente a estos hechos oscurecemos la razón, el valor, los derechos y la dignidad que merece cualquier persona. Retrocedemos en el nivel de humanidad.

Las cárceles representan la esquizofrenia social más significativa de nuestra época: la institucionalización de la venganza y la represión. No lo llamamos así, claro. Lo llamamos, "aplicar la justicia", cuando sabemos que pocas veces llegamos a aplicar con ecuanimidad la ley, que no la justicia.

Los delitos se juzgan y se castigan. Eso es lo más obvio y a todos nos parece lo adecuado. Hay quien establecería nuevamente la pena capital o la sustituiría por cadena perpetua para perpetuar en ello el dolor al delincuente.

La prevención y gestión del delito debería de ser lo usual y la excepción, la privación de libertad. Y en este caso, analizar en qué condiciones.

Matilde Gastalver